El encuentro mantenido ayer entre los alcaldes socialistas de la Cuenca Minera y la cúpula de la Ejecutiva del PSOE de Huelva con motivo de la inauguración de la nueva Casa del Pueblo de Zalamea sirvió para que los dirigentes socialistas onubenses se comprometieran a mediar entre la Junta y la Tesorería General de la Seguridad Social con el fin de paralizar las subastas de terrenos embargados a la extinta empresa minera.
En la próxima, que se celebrará el martes, 7 de febrero, la Seguridad Social venderá las fincas 'Navalahuesa', cuya superficie asciende a 317,92 hectáreas de Campofrío, y 'Valdelaconcha', situada en La Granada de Riotinto, con una extensión de 288,08 hectáreas. El precio de salida impuesto por la Seguridad Social es de 536.867 euros en el caso de la primera y de 1.402.907 euros para la segunda.
Como consecuencia de la carencia de suelo de carácter público que sufre la Cuenca Minera, una realidad que actúa como acicate para el proceso de diversificación socioeconómica en el que se halla inmersa la comarca, el secretario de Organización del PSOE onubense y parlamentario andaluz, Mario Jiménez, anunció que se ha creado una comisión de trabajo integrada por los alcaldes de la zona y representantes de las diferentes administraciones.
Las funciones de la misma pasan por establecer una estrategia de actuación ante la venta de terrenos embargados a la antigua empresa minera e identificar cuáles son aquellas parcelas que despiertan un mayor interés público con el fin de que puedan caer en manos de los ayuntamientos o de la Mancomunidad para, "de esta manera, ser rentabilizados a través de la puesta en marcha de iniciativas que generen riqueza en el conjunto de la comarca".
En este punto, hay que resaltar que es la unidad industrial de las instalaciones mineras, las cuales fueron adquiridas por la empresa Mantesur con sus cargas en 2004, la que suscita el mayor interés de los dirigentes de la comarca. Unos terrenos entre los que se encuentran Corta Atalaya, Pozo Alfredo o la necrópolis romana. Tres puntos emblemáticos de un gran valor turístico que permanecen cerrados al público por decisión de su actual propietario. Por ello, los políticos y agentes sociales de la zona esperan que no se llegue a producir una nueva subasta de esta superficie en caso de que Mantesur no afronte el pago de las cargas, sino que pase a dominio público.
Esta medida fue valorada de manera muy positiva por el presidente de la Mancomunidad de la Cuenca Minera y alcalde de Minas de Riotinto, José Manuel Delgado, en la medida en que "se va a tratar de controlar el proceso de subastas para evitar que sea indiscriminado". Sobre este asunto, Delgado aseveró que no tiene sentido que la Junta adquiera todos los terrenos que salgan a concurso, sino sólo aquellos que pueden resultar fundamentales para el desarrollo de la comarca. Éste es, a su juicio, el caso de la finca riotinteña de 1.028 hectáreas adquirida el pasado 15 de diciembre por la empresa sevillana 'Rumbo 5.0', a la que Delgado ha dado un plazo de un mes para que presente algún proyecto serio a ejecutar en esa superficie.
De lo contrario, el alcalde iniciará el procedimiento de expropiación forzosa apoyado en la intención de implantar el tan ansiado polígono industrial comarcal, "ya que es el lugar más idóneo para ello debido a que en el resto de la Cuenca no hay 100 hectáreas de superficie llana", concluyó.
Con respecto a la subasta del próximo 7 de febrero, hay que recordar que, al tratarse de superficies forestales de más de 250 hectáreas, la Junta, según lo estipula la Ley Forestal de Andalucía, se reserva el derecho de tanteo y retracto para adquirir las parcelas.
Así, Jiménez aseguró que la Administración autonómica se planteará la posibilidad de ejercer este mecanismo legal en función del interés que puedan suscitar estas fincas de cara a albergar alguna actividad diversificadora.
No obstante, según reflexionó el alcalde de El Campillo y delegado de Empleo y Desarrollo Económico de la Mancomunidad de la Cuenca Minera, Fernando Pineda, "esto no es lo más adecuado", ya que "las fincas deberían ser puestas al servicio del desarrollo de la comarca sin necesidad de que la Administración autonómica emplee dinero público en competir con especuladores en una subasta para poder comprárselas a la Seguridad Social". En este sentido, Pineda aboga por un acuerdo entre ambas administraciones que permita que esta superficie sea puesta al servicio de la diversificación. Con el fin de abordar estas líneas de actuación, el consejero de la Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, se reunirá en breve, casi con total seguridad el próximo miércoles (un día después de la subasta), con los alcaldes de la Cuenca.
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