Con todo, Vicente Zarza dice que ha pagado los atrasos pero UGT lo niega, mientras tanto los trabajadores, 80 en total, siguen realizando actos de protesta, como el que tuvo ayer lugar a las 13:00 horas en las puertas de la sede en Riotinto.
Abrir las puertas del ente supramunicipal todos los días viene a salir por 250.000 euros anuales, cifra que, según explicó el presidente de la entidad y alcalde de Zalamea, Vicente Zarza, es la cantidad mínima para mantener la estructura básica y, a partir de ahora, los Consistorios van a contribuir a esta suma en función de población y servicios.
"Sin este compromiso -remarcó Zarza- la Mancomunidad difícilmente se sustenta". "Ante una situación extrema como ésta, es histórico que estemos todos a una".
La explicación a la situación límite en la que se encuentra esta y otras mancomunidades viene precisamente del impago por parte de los ayuntamientos, en unos casos porque carecen de recursos y en otros porque muestran reticencias a realizar los reintegros.
Ya sea por la primera o la segunda de estas razones, el caso es que en estos momentos la deuda de los ayuntamientos mineros con su Mancomunidad asciende a 2,3 millones de euros, que se vienen acumulando durante los dos últimos mandatos.
La situación se enquista y, en paralelo al dinero que tiene pendiente de embolsar, arrastra una deuda difícil de cuantificar, según Zarza. La Mancomunidad Cuenca Minera debe a proveedores entre 200.000 y 300.000 euros, y alrededor de 100.000 a la Seguridad Social, a lo que hay que sumar distintas operaciones de crédito entre las que se encuentra el préstamo solicitado a Cajasol, por importe de 400.000 euros, para poder hacer frente al pago de las nóminas de los 84 miembros de la plantilla, un impago que ya ha tenido como respuesta, esta misma semana, una primera movilización de los trabajadores.
Zarza asegura que, según las previsiones, con este crédito que viene a dar algo de liquidez, la entidad puede afrontar los pagos de la plantilla hasta el mes de septiembre.
