Empresarios privados, cuya identidad se desconoce hasta el momento, han adquirido las tres fincas rústicas embargadas por la Agencia Tributaria a la antigua empresa minera tras la subasta celebrada en Madrid en la mañana de ayer por un montante económico de 2,8 millones de euros. Por tanto, se ha cumplido el temor de los alcaldes y agentes sociales de la Cuenca Minera, quienes, ante el obstáculo insalvable que supone para la reindustrialización de la comarca la escasez de suelo público, pedían de manera encarecida en las últimas semanas que la Junta de Andalucía recuperara esas 1.200 hectáreas, repartidas entre los términos municipales de Minas de Riotinto y El Campillo, para ponerlas al servicio del proceso de diversificación.
No obstante, la Administración autonómica, que hasta el momento de la subasta no había dado respuesta al llamamiento de los líderes comarcales, pujó por las fincas hasta el último momento a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, pero su capacidad jurídica de actuación, cifrada en un máximo de 1,2 millones de euros, según expresó ayer el delegado provincial del Gobierno, Justo Mañas, fue insuficiente ante la fuerte y decidida inversión de los compradores.
El delegado, quien un día antes de la subasta declaraba que la Administración autonómica no tenía intención de participar en la misma, aseguró ayer que la Junta había actuado hasta el momento con sigilo con el fin de evitar que se dispararan las expectativas y, en consecuencia, el precio de los terrenos. "De ahí que no nos hubiéramos pronunciado al respecto", explicó Mañas. Sin embargo, esta postura del Gobierno andaluz basada en la discreción no surtió efecto en última instancia, ya que hasta siete entidades intentaron hacerse con el paquete de las tres fincas. Un amplio interés que queda reflejado en la enorme diferencia entre el precio con el que esas parcelas salían a subasta, que ascendía a 704.700 euros, y la cantidad a la que llegó el comprador, 3,8 veces superior.
Ante la caída de los terrenos en manos privadas, el delegado provincial del Gobierno aseveró ayer que la Junta velará por que estas 1.200 hectáreas reviertan en el desarrollo socioeconómico de la comarca, en la medida en que sólo apoyará iniciativas relacionadas con proyectos empresariales que contribuyan a la generación de empleo y riqueza en la zona.
Diversos dirigentes políticos de la Cuenca Minera, que reivindicaban la necesidad de que las fincas fueran puestas a disposición pública, manifestaron que el resultado de la subasta supone una mala noticia para la comarca, sobre todo, si el comprador las hubiera adquirdido con fines especulativos. Ésta es, sin duda, la principal preocupación de los alcaldes y agentes sociales de la zona, que recelan de que Mantesur o Carlos Estévez puedan estar vinculados de algún modo a la entidad compradora e intenten supeditar el progreso de la zona a sus intereses económicos. De hecho, según ha tenido noticias este periódico, la Comisión liquidadora de la antigua empresa minera fue uno de los pujadores que intervinieron en la subasta.
Sobre este miedo existente en la comarca, Justo Mañas, tras señalar que la Administración autonómica ha hecho todo lo que estaba en su mano para atender la demanda de los alcaldes, transmitió un mensaje esperanzador al declarar que la fuerte inversión realizada por el nuevo propietario de esos terrenos pone de manifiesto que debe tratarse de un grupo empresarial con un proyecto firme que pretende poner en marcha en la comarca. En este sentido, añadió que el tope económico con el que acudía la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía era suficiente para evitar que las parcelas cayeran en manos de especuladores animados por un precio de salida asequible.
Una vez certificada la adquisición de las tres fincas por agentes privados sólo queda, como indican algunos alcaldes de la comarca, esperar a la firma de las escrituras para conocer quién es el nuevo propietario y cuál es el destino que va a dar a esa superficie. Asimismo, aunque valoran el esfuerzo realizado por la Junta, diferentes políticos y agentes sociales de la zona sostienen que "debía haber sido mayor", al mismo tiempo que lamentan que se haya podido perder una oportunidad propicia para el desarrollo de la Cuenca Minera.
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