El juicio contra Emilio P.P., el acusado del incendio declarado el 27 de julio de 2004 en Minas de Riotinto que asoló más de 35.000 hectáreas en las provincias de Huelva y Sevilla y que causó la muerte de F.C.F y L.C.P, ha quedado hoy visto para sentencia.
Tras dos días de sesiones en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, en el que se ha oído la declaración de cerca de una veintena de testigos, se ha dado por concluida la vista en la que Fiscalía y Acusación particular han mantenido sus penas de 26 y 28 años de prisión, respectivamente, y la defensa ha pedido la libre absolución.El abogado de Emilio P.P., Francisco Lagares, ha precisado en su informe final que las testificales practicadas durante el juicio confirman que su cliente "no sólo no fue autor de los hechos sino que no pudo serlo porque estaba en casa cuando se produjeron los distintos focos del incendio".
Asimismo, se ha referido a las declaraciones de la Guardia Civil en las que apuntaban contradicciones horarias en la versión del acusado para confirmar su autoría, señalando que "si existen dichas contradicciones son los agentes los primeros que las comenten, no sólo en horarios, también en los relatos de los testigos", aunque ha apuntado que "es perfectamente compatible" la versión de su cliente con el informe de la Guardia Civil.
Lagares entiende que "no hay ni una sola prueba y ni un sólo testigo que lo sitúe en los focos 1, 2 y 4 del incendio -éste último fue el que provocó la afección de las 35.000 hectáreas- ni que confirme que fuera él el que provocara el fuego".
Ha subrayado que no ha quedado demostrado que el incendio en ese foco 4 hubiera podido ser fortuito y ha insistido en que "las pruebas no sólo ni cuestionan que Emilio pudiera ser el autor sino que no dejan lugar a dudas de que no lo fue, tan sólo es la persona que tuvo que pagar el pato".
El letrado de la acusación particular, Antonio Rubio, ha mantenido la petición de cárcel para el acusado basándose, entre otros criterios, en el informe de la Guardia Civil.
Ha retirado la responsabilidad civil subsidiaria que reclamaba a la Junta de Andalucía por falta de prevención en materia de incendios en la zona.
Además, ha solicitado que se abra un proceso de instrucción para determinar si, dos testigos concretamente, han podido incurrir en un delito de falso testimonio, ya que son "dos testimonios de cargo en los que se ha basado un proceso penal durante cinco años y no entendemos por qué se cambian a última hora".
Por su parte, el fiscal, Pedro Díaz, ha manifestado que durante el juicio ha quedado acreditado que el acusado "ha mentido desde su primera declaración", considera que es autor de los hechos y que usó su conocimiento de la zona para diseñar desde su primera declaración el trayecto hacia el pantano del Zumajo que más lo alejaba del foco claro; al tiempo que se apoya en la declaración del principal testigo de cargo para situarlo junto al foco tres.
