Un total de 25 ayuntamientos de la provincia han dado ya luz verde definitiva a sus bases de datos. Se podrá optar a una vivienda hasta en tres municipios distintos.El horizonte de la nueva Ley de Derecho a la Vivienda abre un nuevo cauce de acceso a la VPO, unas bases de datos municipales que ya se incuban como herramienta básica para promover una oferta que se ajuste a los niveles de renta, ubicación, características o tipología de la demanda.
Un total de 25 ayuntamientos de la provincia de Huelva -aglutinando una población de 114.135 habitantes- han dado ya luz verde definitiva a sus registros de demandantes de vivienda protegida, piedra angular de un proceso en continua actualización. Es el caso de Almonte, Cartaya, Bollullos, Almonaster, Aroche, Berrocal, El Campillo, Castaño del Robledo, Chucena, Cortegana, Cumbres de Enmedio, Hinojos, Jabugo, Manzanilla, Minas de Riotinto, La Nava, Paterna del Campo, la Puebla de Guzmán, Puerto Moral, Punta Umbría, Rosal de la Frontera, San Bartolomé, Santa Olalla del Cala, Villanueva de las Cruces y Zalamea la Real. Localidades que abarcan el 40% del territorio provincial y el 22,4% del censo.
Según informaron desde la Delegación Provincial de Vivienda de la Junta de Andalucía, 73 municipios onubenses -incluida la capital- han iniciado ya los trámites administrativos para contar con este instrumento, aprobando en sus plenos las bases de sus registros de demandantes en las correspondientes ordenanzas, "comenzando así a trabajar para detectar la demanda exacta de vivienda protegida.
Además, está previsto que en los próximos días aprueben esta iniciativa de forma definitiva otros dos municipios, Santa Bárbara de Casa y Villanueva de los Castillejos.
Los registros constituyen el primer método con el que contará la comunidad para realizar una cuantificación real de la demanda de VPO, de forma que no sólo se logrará localizarla, sino además caracterizarla, es decir permitirá realizar un diagnóstico más ajustado de las necesidades reales de la población (conoceremos las necesidades especiales de vivienda de los diferentes colectivos, el tipo de viviendas, en qué régimen, etc.).
En el nuevo sistema, el ciudadano deberá inscribirse y aportar una serie de información relacionada con sus ingresos económicos y con sus propias necesidades de vivienda, tales como el régimen de acceso al que opta, número de dormitorios de la casa en relación con su composición familiar o la necesidad de una vivienda adaptada. Se trata de un primer trámite que no tendrá que volver a realizar, puesto que esos datos quedarán ya recogidos para las diferentes adjudicaciones. Esa información aportada, que sí tendrá que actualizarse periódicamente; junto con los criterios de clasificación de los solicitantes establecidos por cada Ayuntamiento (antigüedad en el padrón, vinculación laboral o, entre otros, antigüedad en el registro) servirá para ordenar en función de sus necesidades a los solicitantes, que podrán saber en todo momento su situación en el registro.
Los ciudadanos podrán optar a una vivienda protegida hasta en tres municipios distintos, consignando si lo desean cuál es la localidad en la que preferirían vivir. Serán los propios ayuntamientos los que podrán determinar, previa autorización de la Junta, la forma de adjudicación de las VPO entre los inscritos en el registro (por sorteo, baremos, por antigüedad, etc). La Orden de 1 de julio de 2009, por la que se regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de estos registros, señala los requisitos y procedimientos que deben seguirse para adjudicar una vivienda.
