El sindicato UGT ha advertido de que si la Junta de Andalucía no responde "a medio plazo", esto es, en el plazo aproximado a "un mes o mes y medio", a EMED Tartessus, los trabajadores y los sindicatos reactivarán el calendario de movilizaciones aprobado antes de verano para pedir que la Junta agilice la apertura de la mina de Riotinto gestionado por EMED Tartessus, filial del grupo chipriota EMED Minning Public Limited.
Fuentes de UGT en Huelva han indicado a Europa Press que las manifestaciones de los vecinos de la Cuenca Minera "se hace de buena fe para reclamar la puesta en marcha de este proyecto como el único medio de generación de empleo".
El sindicato espera que la Junta, tras ver el proyecto básico, concluya los trámites administrativos y ofrezca en breve una decisión "favorable" a la transmisión administrativa de los derechos mineros a nombre de esta empresa, que permita a la empresa "iniciar los planes de formación y poder reiniciar la actividad".
No obstante, las fuentes han advertido de que "si la Junta dilatara más la decisión o se opusiera, los trabajadores tomaremos las medidas que consideremos oportunas, tanto a nivel de sindicatos como a nivel de trabajadores", toda vez que, según resalta el sindicato "defendemos la generación y creación de empleo en la cuenca minera".
Por ello, UGT demanda la "reapertura de la mina" de forma "inmediata" y ha recordado que en el pasado mes de junio, debido a la falta de respuesta los trabajadores aprobaron un calendario de movilizaciones, que actualmente "está parado y en 'stand by'", toda vez que "confían y esperan que la resolución administrativa sea positiva, al igual que la transmisión administrativa de los derechos mineros, y que todo ello se plasme en un documento oficial para que esa transmisión se efectúe a nombre de EMED Tartessus".
Han advertido de que "si no hubiera respuesta a medio plazo, se reactivará el calendario de movilizaciones", para lo cual los trabajadores y sindicatos están dispuestos a esperar "un tiempo razonable, de un mes o algo más de un mes", toda vez que, a su juicio, el Gobierno andaluz "ha tenido tiempo desde inicios de septiembre, de mirar la documentación del proyecto".