El vicepresidente de Tartessus acusó al Ejecutivo de demorar la apertura de la mina · El directivo, que ha dimitido, desveló que la Mining aún no tiene los derechos mineros 'desbloqueados' hace seis meses. Dos frases: si la Junta sigue demorando la reapertura de la mina de Riotinto "la credibilidad de Andalucía y de la industria española se verá seriamente afectada" internacionalmente en un momento delicado y "Emed no comprende cómo uno de los tres mayores proyectos industriales de Andalucía y, con total seguridad, el que puede generar empleo más rápidamente, sigue navegando en círculos", pronunciadas por el vicepresidente del consejo de Administración han servido para provocar una crisis en las relaciones entre la multinacional Emed Mining y el Gobierno andaluz .
La frustración mostrada públicamente por el vicepresidente del consejo de administración, Fernando Fernández Torres, el pasado 22 de septiembre, por la lentitud del proyecto le ha costado el puesto y la empresa ha prescindido de sus servicios en Riotinto. Torres ha marchado a Mozambique, donde tiene cargos ejecutivos en otra compañía. Emed ha tomado esta decisión en cinco días para limar asperezas con el Gobierno de Griñán.
La empresa se ha visto obligada a incluir en su último boletín una especie de petición de excusas por criticar a la Junta. En la nota, Emed subraya que "Fernández Torres no tenía instrucciones de expresar públicamente su frustración o criticar a la Junta y para evitar añadir confusión ha decidido dejar su puesto como vicepresidente de Emed-España, así como sus funciones de portavoz de la empresa". Eso sí, la Mining dice que "continuará asesorando y apoyando un proyecto que ocupa un importante lugar en su corazón".
Las declaraciones de Torres llegaron en paralelo a una reunión programada entre la empresa minera a la que asistieron el director general de la compañía, Harry Anagnostaras-Adams; el consejero delegado, William Enrico; el presidente de Emed Mining Public, Ronnie Beevor, y la directora general de Industria, Energía y Minas, Eva Vázquez, a la que acompañaron la secretaria general de Desarrollo Industrial, Isabel de Haro, y la delegada del ramo en Huelva, María José Asensio.
La Administración se mostró muy crítica con la actitud de Fernández Torres.
La Consejería de Economía y Hacienda lamentó que, "a la vez que se producía el encuentro en Sevilla, representantes de Tartessus ofrecieran una rueda de prensa en la que vertieron informaciones incorrectas, acusando a la Administración de obstaculizar la reapertura de la mina y lanzando un doble mensaje que lo único que consigue es obstaculizar el proceso de reapertura de la mina y los trabajos que se realizan para este fin, ofreciendo una imagen de descoordinación dentro de la propia empresa y de los objetivos de la misma".
El ya ex vicepresidente desveló, en lo que a la postre ha sido su última intervención pública como portavoz, un tema crucial que había sido vendido como un logro por la Junta de Andalucía poco antes de las elecciones municipales de mayo para frustrar un encierro de trabajadores junto al pozo Alfredo: la Administración andaluza aún no ha concedido el derecho minero a Emed para explotar Riotinto. Cabe recordar que una nota oficial de la Junta, fechada el 14 de marzo de 2011, llegó a decir textualmente que "la Junta desbloquea la tramitación de la concesión de derechos mineros en Riotinto". Un mensaje que llenó de alborozo a los mineros, que abandonaron el encierro, y a los alcaldes de la comarca, que llegaron a reunirse con el consejero de Economía, Antonio Ávila. Se dio por "solventado" el escollo legal de la transmisión de derechos mineros desde la Comisión Liquidadora a favor de Emed Tartessus y se anunció que a partir de ese instante (marzo 2011) los trámites de autorización continuaban con el análisis técnico, los informes y evaluaciones ambientales así como el análisis económico del proyecto.
La Junta ha reconocido que entre los principales obstáculos del proyecto se encuentran la multipropiedad de las balsas mineras (Emed, Zeitung y Rumbo 5-Cero) y la posibilidad de que la mina de Riotinto acabe finalmente en manos de grupos internacionales de difícil control, que agraven hipotéticos problemas de solvencia y riesgos medioambientales.
La frustración mostrada públicamente por el vicepresidente del consejo de administración, Fernando Fernández Torres, el pasado 22 de septiembre, por la lentitud del proyecto le ha costado el puesto y la empresa ha prescindido de sus servicios en Riotinto. Torres ha marchado a Mozambique, donde tiene cargos ejecutivos en otra compañía. Emed ha tomado esta decisión en cinco días para limar asperezas con el Gobierno de Griñán.
La empresa se ha visto obligada a incluir en su último boletín una especie de petición de excusas por criticar a la Junta. En la nota, Emed subraya que "Fernández Torres no tenía instrucciones de expresar públicamente su frustración o criticar a la Junta y para evitar añadir confusión ha decidido dejar su puesto como vicepresidente de Emed-España, así como sus funciones de portavoz de la empresa". Eso sí, la Mining dice que "continuará asesorando y apoyando un proyecto que ocupa un importante lugar en su corazón".
Las declaraciones de Torres llegaron en paralelo a una reunión programada entre la empresa minera a la que asistieron el director general de la compañía, Harry Anagnostaras-Adams; el consejero delegado, William Enrico; el presidente de Emed Mining Public, Ronnie Beevor, y la directora general de Industria, Energía y Minas, Eva Vázquez, a la que acompañaron la secretaria general de Desarrollo Industrial, Isabel de Haro, y la delegada del ramo en Huelva, María José Asensio.
La Administración se mostró muy crítica con la actitud de Fernández Torres.
La Consejería de Economía y Hacienda lamentó que, "a la vez que se producía el encuentro en Sevilla, representantes de Tartessus ofrecieran una rueda de prensa en la que vertieron informaciones incorrectas, acusando a la Administración de obstaculizar la reapertura de la mina y lanzando un doble mensaje que lo único que consigue es obstaculizar el proceso de reapertura de la mina y los trabajos que se realizan para este fin, ofreciendo una imagen de descoordinación dentro de la propia empresa y de los objetivos de la misma".
El ya ex vicepresidente desveló, en lo que a la postre ha sido su última intervención pública como portavoz, un tema crucial que había sido vendido como un logro por la Junta de Andalucía poco antes de las elecciones municipales de mayo para frustrar un encierro de trabajadores junto al pozo Alfredo: la Administración andaluza aún no ha concedido el derecho minero a Emed para explotar Riotinto. Cabe recordar que una nota oficial de la Junta, fechada el 14 de marzo de 2011, llegó a decir textualmente que "la Junta desbloquea la tramitación de la concesión de derechos mineros en Riotinto". Un mensaje que llenó de alborozo a los mineros, que abandonaron el encierro, y a los alcaldes de la comarca, que llegaron a reunirse con el consejero de Economía, Antonio Ávila. Se dio por "solventado" el escollo legal de la transmisión de derechos mineros desde la Comisión Liquidadora a favor de Emed Tartessus y se anunció que a partir de ese instante (marzo 2011) los trámites de autorización continuaban con el análisis técnico, los informes y evaluaciones ambientales así como el análisis económico del proyecto.
La Junta ha reconocido que entre los principales obstáculos del proyecto se encuentran la multipropiedad de las balsas mineras (Emed, Zeitung y Rumbo 5-Cero) y la posibilidad de que la mina de Riotinto acabe finalmente en manos de grupos internacionales de difícil control, que agraven hipotéticos problemas de solvencia y riesgos medioambientales.
