La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha fijado para el próximo 18 de enero el juicio contra el acusado de provocar el incendio ocurrido en el término de Minas de Riotinto, E.P.P., el 27 de julio de 2004 que arrasó 35.291 hectáreas de masa forestal en las provincias de Huelva y Sevilla y que causó la muerte de F.C.F y L.C.P, que circulaban en ese momento por una carretera cercana.Según el escrito del Ministerio Fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, para el que la Fiscalía pide 26 años de cárcel y el pago de más de 4.000 euros, salió de su domicilio el día 27 de julio con "el firme propósito de provocar un incendio, llegando a prender fuego hasta en cuatro puntos diferentes de la localidad onubense".
Los tres primeros focos del incendio pudieron ser controlados rápidamente, excepto el cuarto, provocado en el pinar del camino posterior de la barriada Los Cantos, que se extendió, resultando afectados los términos municipales onubenses de Minas de Riotinto, Nerva, El Campillo, Escacena del Campo, Paterna del Campo, Zalamea La Real y El Berrocal, y los sevillanos de El Madroño, El Castillo de las Guardas, Aznalcóllar, Gerena, El Garrobo y Sanlúcar La Mayor, teniendo que ser desalojados algunas de estas poblaciones.
El escrito apunta que las dos víctimas circulaban en un vehículo por una carretera sita entre las aldeas de Monte Somorrero-Las Delgadas, cuando fueron sorprendidos por el incendio, ocasionándoles la muerte por asfixia por inhalación de gases en combustión.
Según reza en el informe, las consecuencias ecológicas fueron "incalculables", ya que se perdieron los hábitat de muchas especies autóctonas, tales como el Eucalipto, el Pino Mediterráneo, la Encina y el Alcornoque. Igualmente resultaron afectadas diversas especies animales como el Jabalí, el Ciervo y el Zorro, ascendiendo los gastos de extinción ascendieron a 1,9 millones de euros.
Además, el acusado deberá indemnizar a los herederos de los fallecidos en el suceso en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, así como deberá indemnizar a los perjudicados de las actuaciones.
