El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que establece los indicadores para la selección de aquellas zonas en las que la Junta desarrollará las denominadas Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo (Atipes), que se aplicarán en áreas socioeconómicamente desfavorecidas y estarán dotados de medidas específicas y de una financiación más intensa que la prevista con carácter general en el actual marco regulador del fomento del empleo.
Según el titular de Empleo, Antonio Fernández, la puesta en marcha de estas medidas en zonas "especialmente desfavorecidas" obedece a la necesidad de garantizar un "desarrollo equilibrado y en igualdad de oportunidades" de la creación de empleo, que actualmente experimenta un "avance dispar" dentro de la comunidad autónoma pese a haber logrado "en el ecuador de la legislatura" el objetivo de alcanzar los tres millones de ocupados.
La intención de la Junta es que la aplicación de estas medidas, que serán declaradas por tres años prorrogables y estarán orientadas a intensificar los proyectos actuales en políticas activas de empleo y formación e incentivos a la contratación estable y al autoempleo, pueda iniciarse en torno a septiembre u octubre, una vez consensuadas con agentes económicos y sociales.
Fernández indicó que, dentro del marco de incentivos para el periodo 2005-2008, las ayudas en las zonas de atención preferente serán de un mínimo de 6.000 euros por cada contrato indefinido que se formalice, que podría alcanzar hasta los 15.390 euros, frente a la horquilla de 3.000-4.750 fijada con carácter general para toda la comunidad autónoma.
Los nueve territorios en los que se desarrollarán los nuevos programas de empleo, que disponen de una red básica de 41 oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con el apoyo de 24 unidades territoriales de empleo, suman un volumen de paro registrado de 128.047 personas, lo que supone el 27,8 por ciento de todos los desempleados andaluces, mientras que registran un índice de analfabetismo del 12 por ciento entre las personas sin empleo, superior a la media andaluza.
Los programas preferentes para cada zona se desarrollarán con la implicación de las distintas administraciones y agentes socioeconómicos, a través de órganos de participación que intervendrán tanto en el diseño de las estrategias como en la inversión de los recursos económicos disponibles.
Los indicadores establecidos por el Consejo de Gobierno son: población con índice de dependencia superior al 45,31 por ciento; tasa migratoria inferior a 6,2 por cada mil habitantes; tasa de paro global por encima del 27,85 por ciento (37,2 en el caso del desempleo femenino); tasas de ocupación masculina y femenina por debajo del 43,45 y del 22 por ciento, respectivamente; y volumen de actividad femenina inferior al 31,72 por ciento. También se valorará el peso que en el paro registrado tienen los colectivos de personas analfabetas (un mínimo del 12,24 por ciento), sin empleo anterior (22,64 y trabajadores no cualificados (36,91).
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