La denuncia de un acreedor del antiguo propietario de la mina podría paralizar los planes de la multinacional chipriota Emed Mining en el filón onubense de cobre. La inversión prevista sólo para el reinicio de la actividad asciende a 75 millones de euros.
El renacer de la actividad minera en España está teniendo más obstáculos de los previstos. Si hace unos meses, Cobre Las Cruces –la mayor explotación a cielo abierto de cobre de Europa, situada en la provincia de Sevilla– se veía obligada a parar por problemas de carácter medioambiental, el turno le ha tocado ahora a la multinacional chipriota Emed Mining, promotora del proyecto Minas de Riotinto (MRT), ubicado en la localidad onubense del mismo nombre y que contempla una inversión inicial de 75 millones de euros para reiniciar la extracción de mineral.Sin embargo, según ha podido saber EXPANSIÓN, sus planes corren un serio peligro debido a un conflicto judicial que pesa sobre este proyecto, el cual siempre ha estado acompañado por la polémica a causa del oscurantismo que ha planeado sobre las diferentes empresas que han intentado reflotar este yacimiento.
Según sus propietarios, el filón onubense contiene 123 millones de toneladas de cobre y sus previsiones pasan por mantener la actividad durante quince años. En este periodo, se crearán 450 puestos de trabajo y sólo el pago de impuestos ascenderá a 867 millones de euros.
AcusacionesTodo eso está a punto de quedar en standby. El conflicto afecta a la firma local Mantesur, una de las sociedades que intentó poner en marcha la mina, pero que finalmente acabó traspasándola a Emed Mining.
Ahora, uno de sus acreedores, la constructora Zeitung, acusa a la empresa sevillana de alzamiento de bienes, por lo que, en caso de prosperar la denuncia, la operación de venta podría anularse y abortar la hoja de ruta de la multinacional chipriota.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, en marzo de 2005, Mantesur firmó un contrato con Zeitung para arrendarle aproximadamente 80 hectáreas correspondientes a la presa de estériles mineros, imprescindible para el desarrollo de la actividad productiva.
Llegado el plazo establecido, Mantesur no satisfizo el pago de algo más de dos millones de euros por el alquiler de las balsas. Por ello, la constructora, en fecha 25 de agosto de 2008, le requirió notarialmente a fin de que hiciera frente a las rentas debidas. Al no obtener contestación, repitió este mismo procedimiento el 26 de septiembre.
Mientras se producía esta situación, Mantesur acometía una profunda remodelación de su estructura societaria. En julio de 2007, entraba en el capital de Emed Tartessus, filial española de la chipriota. Esta última conservaba un 51% del accionariado y la andaluza, el 49% restante. Para hacerse con este porcentaje tuvo que aportar todos los bienes y derechos de los que era titular en Minas de Riotinto. Es decir, el control del proyecto minero pasaba a manos de la multinacional.
A cambio de estos activos –realmente los únicos que poseía Mantesur–, la firma se aseguraba la viabilidad del proyecto, ya que, por un lado, se asociaba con un grupo de reconocida solvencia internacional (cotiza en la Bolsa de Londres) y, por otro, se garantizaba la elevada financiación que este tipo de explotaciones requiere.
A todo ello hay que añadir un tercer componente, especialmente útil para abrir ciertas puertas políticas: para la presidencia de Emed Tartessus, sus accionistas nombraron al socialista Guillermo Gutiérrez, ex consejero de Industria de la Junta de Andalucía entre 1996 y 2000.
Precios dispares
Pese a las buenas perspectivas de negocio, Mantesur cedió su 49% a otro de sus acreedores: la multinacional comercializadora de metales MRI. Se pactó hacerlo a un “precio de mercado”. Es decir, unos 3 millones de euros.
Sin embargo, en octubre del año pasado, Emed Mining cerró un acuerdo con MRI para adquirir su participación, que contemplaba el pago de una cantidad de casi 44 millones de euros, en tres plazos; la entrada de MRI en el accionariado de la chipriota (hasta un máximo del 16%); la gestión de parte del negocio de Minas de Riotinto; y la adquisición por parte de Emed Tartessus de unos créditos a favor de miembros del MRI en el proyecto cuyo valor supera los nueve millones de euros. Es decir, una cifra mucho mayor que la pagada previamente a Mantesur.
Ante este nuevo escenario, es cuando Zeitung lleva a los tribunales a Mantesur argumentando que su contrato de arrendamiento establecía que ésta garantizaba con “sus activos los pagos de dicho contrato”, pudiendo el propietario de los terrenos “exigir su embargo en caso de impago”.
Por todo ello, el grupo acreedor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 22/2003 de 9 de julio, insta a que se declare en concurso necesario a la sociedad Mantesur. Sus asesores legales fundamentan dicha solicitud en los dispuesto en el apartado 4.3 del mencionado precepto en cuanto que en la deudora se ha producido “el alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes”.
En caso de que el juez acepte esta petición, Emed se vería en una compleja encrucijada dado que existe una seria posibilidad de que se retrotraiga la operación mediante la que Mantesur vendió su 49%, pues se realizó hace menos de dos años.
Expansión.com (Empresas)
