El alcalde de Zalamea la Real, Marcos Toti, firmó este pasado lunes, junto a la Consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, por el que el Ayuntamiento de Zalamea la Real se adhiere al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Un programa que ha puesto en marcha la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía dirigida por Izquierda Unida y que ha evitado hasta el día de hoy 969 desahucios en toda nuestra comunidad autónoma.
Marcos Toti ha explicado que “tenemos que romper el discurso de la Banca y del neoliberalismo, (que desgraciadamente ha calado en parte de la población), y que criminaliza a las familias por haber firmado una hipoteca que, por las circunstancias actuales, ahora no pueden pagar”.
El alcalde de Zalamea también ha señalado que “la vivienda no es un bien de consumo, es un bien de primera necesidad, así que si alguna familia zalameña ve que no puede pagar las mensualidades de su hipoteca, puede acudir al Ayuntamiento, que con el convenio que hemos firmado hoy, podremos iniciar el expediente para estudiar su caso y evitar que se vean en la calle”.
Desde el Ayuntamiento de Zalamea, se viene trabajando con algunos casos de familias zalameñas que en un futuro podrían ver peligrar su vivienda. Con la adhesión a este Programa “podremos dar mayor cobertura a las familias que sientan amenazada su casa”, dijo Marcos Toti quien a su vez resaltó la importancia que tiene que “desde Andalucía se estén pudiendo para esta injusta situación en las que familias honradas ven su vivienda amenazada por el hecho de haberse quedado en paro”.
En este sentido, la Consejera de Vivienda, Elena Cortés, destacó que con el Ayuntamiento de Zalamae la Real y el resto de consistorios que se adhirieron este lunes en el provincia de Huelva, son ya 107 municipios andaluces quienes han tomado la decisión de participar en este instrumento creado para asesorar, intermediar y proteger a las familias contra los desahucios, “lo que está generando un amplio bloque político en Andalucía, que da soporte institucional a la creciente marea social contra esta sangría”, afirmó la consejera.
Elena Cortés explicó que el objetivo fundamental de las oficinas es que las personas no pierdan sus casas “y lo estamos cumpliendo”, ha incidido. Desde la apertura de la oficina en Huelva, se han atendido 149 casos, que han dado lugar a la apertura de 126 expedientes. De estas familias, 78 casos se han resuelto ya favorablemente y el resto, 48, tiene expectativas favorables de resolverse. “Se trata, en todo caso, de personas que siguen en sus viviendas”, ha puntualizado.
En el apartado de protección, la oficina de Huelva cuenta con 22 familias, una cifra en la que Elena Cortés se detuvo para subrayar que “la Consejería de Fomento y Vivienda continúa a la espera de respuesta por parte del Gobierno sobre la petición que le hicimos para que las viviendas del Sareb, el conocido como banco malo, sirvan para dar respuesta a las necesidades de habitación de las personas que no tienen casa”. “Además reclamamos al Gobierno que asigne al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda los 859 inmuebles del llamado, y mal llamado, Fondo Social de Vivienda de los bancos en Andalucía, un número ridículo en comparación con la ingente cantidad de activos tóxicos, casas sin gente, que calculamos que gestiona el banco malo, pero que puede servirnos para atender, por ejemplo, a estas personas”, añadió. Para la consejera, estas viviendas “han de ponerse a disposición de las familias que están viendo vulnerado su derecho a la vivienda”.
El Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda atiende a las familias en función a las necesidades que presentan, ya sea por demanda de información, negociación o protección. En la fase de prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad con la entidad financiera, y es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las condiciones para evitar los desahucios que recoge el decreto del Gobierno actualmente en tramitación o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas en contratos financieros que ya han firmado o prevén firmar.
La intermediación es el servicio más demandado por los onubenses y está destinado a quienes ya tienen deudas con las entidades financieras, encontrándose por tanto en riesgo de desahucio. En este ámbito, los afectados acudieron solicitando información, asesoramiento y negociación en relación con sus problemas hipotecarios.
Las familias que se dirigieron a las oficinas para solicitar protección o bien tenían el desahucio ya ordenado o bien habían perdido su vivienda habitual. En estos casos, contacta con la entidad financiera o con los juzgados, según corresponda, para evitar o dilatar en lo posible la ejecución. Asimismo, se les asesora para su inscripción en el registro municipal de demandantes y se contacta con los servicios sociales del Ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas.
Detalles del convenio
El acuerdo firmado por la Consejería y los ayuntamientos garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.
También se comprometen, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las Delegaciones Territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.
El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.
Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.
Ayuntamiento de Zalamea la Real
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