El regidor considera que sin el desdoble de la N-435 no habrá un proceso de reindustrialización completo en la comarca minera.
-¿Cómo valora la posible reapertura de la mina de Riotinto?
-Si el PSOE y el PP, uno desde el Gobierno de la Junta y otro desde Madrid, hubiesen prestado atención a los trabajadores de Riotinto, de la SAL, no tendríamos este problema porque ellos pedían prejubilaciones como al final se hizo. Ese fue el mal menor que aceptaron ya que pedían un cierre controlado de las instalaciones, de modo que éstas se habrían mantenido para cuando el precio del cobre subiese, como sucede ahora, la habrían vuelto a explotar y ya llevaríamos bastantes años de adelanto. A partir de ahí, y de todos los errores que han cometido las administraciones, ahora la realidad es que la explotación y los terrenos están en manos de una empresa privada. IU tiene una posición fijada y creo que somos los únicos que no nos hemos movido un ápice desde el principio: que la empresa, nos da igual el nombre y los apellidos que tenga, queremos que ponga en marcha un proyecto serio y con todas las garantías sociales, legales y medioambientales.
-¿Podría llamarse esa empresa Emed Tartessus?
-Nosotros encantados de que Emed Tartessus la abra, siempre que cumpla todos los requisitos y tenga todos los permisos; que decide asociarse con otra empresa, mientras sea solvente, también nos parece bien; que decide vender, también nos parece bien, repito, siempre que la empresa que venga lo haga con todos los requisitos. Y esa es la misma postura que hemos tenido antes, durante y ahora, porque hay que recordar que en este proceso hemos pasado tres elecciones, donde el PP se ha hartado de hacer demagogia con Pedro Rodríguez en Riotinto diciendo que se iban a crear 1.500 puestos de trabajo directos y no sé cuántos indirectos. La propia empresa ya ha reconocido que plantilla va ser de unas 170 personas, entre otras cosas porque actualmente se externalizan la inmensa mayoría de servicios, y así lo haría esta empresa en caso de que finalmente consiga los permisos. No obstante, dada la situación de desempleo de la comarca esto sería un gran empujón, sobre todo por el empleo indirecto que se crearía. Y aquí me gustaría insistir en una cosa, si mañana dijera la empresa que abre sería muy poca la gente de la comarca la que podría entrar a trabajar allí. Por lo tanto, antes de que le sean otorgados los derechos mineros hay que iniciar un proceso de formación para que verdaderamente la explotación de la mina repercuta en empleo para la comarca.
-La Plataforma Pro Apertura de la Mina, de la que el Ayuntamiento de Zalamea forma parte, ¿está sirviendo de algo?
-Ha pasado algo lógico, y es que el PP tenía un doble discurso claramente manifestado en los medios de comunicación, especialmente desde Huelva, y otro completamente diferente en la Plataforma. De hecho la propia alcaldesa de Riotinto, que decidió irse, ha tenido también dos discursos: la hemos visto, seguramente por mandato del PP, poniéndole alfombras rojas a la empresa, y después la hemos escuchado diciendo que la empresa sólo sabe incumplir y que no llega a ningún lado. También es importante señalar que estamos en la sociedad de las puestas en escena y del confeti, y no todos los trabajos son así ya que la mayoría de cosas que se realizan desde la Plataforma no se ven y ésta no se ha dedicado a venderlo. La Plataforma ha servido de mucho: para propiciar reuniones entre la empresa y la Junta, para llegar a puntos de encuentro, y también para aunar todos los esfuerzos y saber qué dirección tomar.
-La Mancomunidad de la Cuenca Minera vive sus momentos más difíciles…
-Tengo que decir que Juan Jesús Bermejo (por el presidente de la Mancomunidad y alcalde socialista de Berrocal), con el que puedo tener diferencias y con quien no estoy a favor de alguna de sus gestiones, no es culpable de la situación, o por lo menos no tiene el mayor porcentaje de culpabilidad. Esto viene de atrás, del gobierno absoluto del PSOE, que ha hecho y deshecho lo que le daba la gana. Y no solamente con su mayoría en el Pleno de la Mancomunidad, sino también en la mayoría de los ayuntamientos que la integran. Nosotros hemos pedido como IU que se haga una auditoría de esa deuda, para ver de dónde viene y, sobre todo, para ponerle remedio. Hemos conseguido llegar al compromiso, ya el problema del cobro de los trabajadores solo tenía una solución, y es que los ayuntamientos pagásemos la parte proporcional que nos toca para poder llegar a cubrir el gasto de esas nóminas.
-¿Cumplen los ayuntamientos?
-Esto también es una cuestión ideológica. El PP no apuesta por las mancomunidades. Antes tampoco apostaba por las diputaciones, pero desde que ha ganado algunas apuesta un poco más. De hecho, no apuesta por el municipalismo en general como se demuestra con el anteproyecto que han presentado de reforma a la Ley de Bases de Régimen Local, que lo que hace es desmantelar el municipalismo.
-¿Qué opina sobre el debate suscitado en torno a la N-435?
-El gran problema es que, cuando se haga, llega tarde. Y hay que remontarse atrás ya que aquí se consideraba que además de la mina se iban a abrir otros yacimientos de empleo. Se supone que iba a haber una reindustrialización en la comarca, y para ello son imprescindibles las infraestructuras. Con la 435 hemos sido toreados sistemáticamente en los presupuestos generales del estado desde hace al menos 15 años. De hecho queda un poco ridícula la campaña que hizo el PSOE en los semáforos de la zona cuando exigía al Gobierno del PP que pusiera en marcha el proyecto, y cuando afortunadamente Aznar dejó de ser presidente se olvidó de esa campaña. Y eso es algo que suele suceder con demasiada frecuencia en los partidos políticos, la poca capacidad de exigir de abajo a arriba. IU es un poco peculiar en ese aspecto, no es que seamos poco disciplinados, sino que somos muy exigentes con nosotros mismos. Si hemos dicho que vamos a hacer algo, lo lógico es que cuando estemos en el gobierno lo hagamos.
-El Ayuntamiento ha puesto en marcha por segundo año la denominada renta social básica, ¿cómo funciona?
-La idea surge cuando nos damos cuenta que hay gente que no tiene ningún recurso y no nos parecía lógico que tuviese que venir a pedir al Ayuntamiento. Buscamos fórmulas y nos planteamos como objetivo que en todas las casas debía haber unos recursos mínimos imprescindibles para poder subsistir. Por el presupuesto que tenemos solo podíamos ofrecer a cada vivienda en la que no hubiera ingresos unos 650 euros brutos durante tres meses y de forma rotatoria. Así lo hicimos y con la legislación anterior eso suponía que una vez acabado el programa, si se tenían cargas familiares, se podía optar a una ayuda familiar, que ahora ha rebajado el PP con su reforma laboral. Pero en definitiva, al menos durante tres meses podemos ayudar a las familias. El primer programa, que fue el último trimestre del año pasado, se concedió a quince familias, y las contrataciones se han alargado hasta los primeros días de marzo.
Entrevista concedida al Huelva Información
