Vecinos denuncian al alcalde de Zalamea por un “posible delito de prevaricación”

Vecinos de la calle Las Crucecitas, en Zalamea la Real, ha interpuesto una denuncia contra el alcalde de Izquierda Unida de la localidad, Marcos García Núñez (Marcos Toti); el concejal de Urbanismo, Juan Vicente Contreras; el secretario accidental municipal, J. Luis Fernández; y el técnico accidental municipal, el arquitecto Pablo Herrera Grau, “por una posible comisión de un delito de prevaricación” en relación a tres antenas de telefonía móvil y datos instaladas junto al casco urbano de la localidad, concretamente muy cerca de la calle Las Crucecitas.

  La denuncia fue interpuesta en los juzgados de Valverde del Camino el pasado día 20 de junio, así como un día antes, el 19 de junio, también le fue remitido un escrito de queja, avalado con la firma de 42 vecinos, al Defensor del Pueblo Andaluz, al que expresan “lo que consideramos una dejadez manifiesta en sus funciones (en referencia al Ayuntamiento) para el cumplimiento de la legalidad”.
  Dicha queja ha surtido ya efecto tras haber recibido los vecinos un escrito este mismo lunes, 30 de junio, por parte de dicha oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, en la que se les informa que se va a reabrir el expediente sobre el asunto, así como que ya se la ha requerido al Ayuntamiento zalameño un informe sobre la situación.

Y es que según prosigue Domínguez, la situación es ya “insostenible”, después de “estar luchando por la retirada de dichas antenas desde julio de 2012”, y con vecinos que, según añade, están llegando ya a padecer “alteraciones del sueño, migrañas y fuertes dolores de cabeza”, por lo que “algunos vecinos que le afectan varios síntomas han optado por irse del barrio a descansar a una segunda vivienda alejada de las antenas, en la cual no sufren síntoma alguno”.
En el escrito enviado al Defensor del Pueblo Andaluz, al que ha tenido acceso VIVA, los vecinos argumentan la “ilegalidad” de dichas instalaciones amparándose en varias cuestiones, entre ellas un Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que declara “nula de pleno derecho la licencia de obras concedida en 1999” a un operador de telefonía móvil “para la instalación de estación base de telefonía (hoy propiedad de Orange). En este sentido aseguran que el 27 de febrero de 2014, el pleno declaró por unanimidad nulo el acto de otorgamiento de dicha licencia, a pesar de lo cual “a día de hoy sigue la instalación a pleno funcionamiento, y no nos consta que el alcalde haya ordenado la paralización de la actividad”. En este sentido critican la actuación del primer edil, del que aseguran que es “conocedor además, de la imposibilidad de que las mismas se puedan legalizar” ya que “también incumplen las Normas Subsidiarias del planeamiento urbanístico de Zalamea la Real (artículo 194, Equipamientos y Servicios”, que según los vecinos expresa que la distancia entre las antenas y las viviendas “debe ser como mínimo de 100 metros”, estando en este caso “ a menos de 50 metros de unas viviendas que fueron construidas muchísimos antes de instalar las antenas”. En este sentido los vecinos también ponen de manifiesto que la altura de la antena es de 40 metros, con 3 elementos radiantes en su parte más alta y radioenlaces a 37 metros de altura “superando así ampliamente los 7 metros de altura máxima establecidos en las Normas Subsidiarias”.

Por todo ello, los vecinos consideran que se está produciendo una “dejadez evidente en el cumplimiento de la normativa y de la legalidad urbanística por parte del alcalde y del concejal de urbanismo”, así como una “clara indefensión hacia todos los ciudadanos de Zalamea la Real. En este sentido aseguran que “se están anteponiendo los intereses de esa empresa privada a los intereses de los vecinos que vivimos en las inmediaciones de la estación de telefonía”.

La segunda antena (Movistar) se encuentra ubicada “ilegalmente”, según el escrito, “en suelo no urbanizable y terreno municipal”, y aseguran que “el Ayuntamiento está cobrando por su ubicación desde 1997”, mientras que la tercera es una antena wifi “ubicada a finales de 2010 en suelo no urbanizable, concretamente sobre las instalaciones de la depuradora de agua potable, incumpliendo una vez más lo establecido en el artículo 194 de las Normas Subsidiarias”. Ninguna de estas dos instalaciones, aseguran, han sido paralizadas por el Ayuntamiento.

Por otra parte aseguran que el Ayuntamiento llevó a cabo en el pleno celebrado el 27 de febrero de este mismo año una “intentona de modificación de algunas normas urbanísticas, y entre ellas estaría el artículo 194, Equipamientos y Servicios”, lo cual a juicio de los vecinos “beneficiaría a las ilegales instalaciones de las empresas privadas de telefonía”. Dicho intento, aseguran, se hizo de forma “camuflada” y por iniciativa “a petición de un vecino que lo solicitó” el cual aseguró a los vecinos que “en ningún momento le había pedido al arquitecto que incluyera el artículo 194” en su petición. No obstante, concluyen, el cambio fue paralizado por la presión vecinal, ya que numerosos ciudadanos se dieron cita en dicha sesión plenaria para mostrar su desacuerdo con las intenciones del equipo de Gobierno. Aseguran que de haberse aprobado el cambio, a cualquier vecino residente en la periferia del municipio o de cualquiera de sus siete aldeas “le podrían haber instalado una estación de telefonía con su correspondiente antena de hasta 40 metros de altura, a tan solo 20 metros de distancia de su vivienda”.
Finalmente, Domínguez ha asegurado a VIVA que los vecinos “seguiremos luchando de la forma que sea” contra lo que consideran una “injusticia” y una “ilegalidad”