El expediente de extinción de contratos tramitado por la Junta de Andalucía a la empresa Minas de Riotinto en 2003 —fecha en la que José Antonio Viera, actual secretario general del PSOE de Sevilla era consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico— falseó la vida laboral de los trabajadores para mejorar las cantidades asignadas. El expediente fue acordado únicamente entre los sindicatos de la empresa y la Consejería, ya que la empresa se negó a firmar el expediente.De esta forma, se certificó que todo el personal afectado —más de 400 trabajadores— había trabajado en la mina el tiempo necesario para alcanzar el coeficiente exigido y se certificó que numeroso personal había estado asignado a los puestos más insalubres, aquellos que aportan más beneficios a la hora de calcular las asignaciones económicas.
Los problemas de Minas de Riotinto se remontan a octubre de 1998, cuando se decreta su suspensión de pagos. La empresa estaba configurada como sociedad laboral que tenía a los trabajadores como principales accionistas. Pese a recibir ayudas públicas, como un crédito del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) de nueve millones de euros y otro del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de seis millones, la sociedad —controlada por las centrales sindicales— se vio obligada a vender la empresa en septiembre de 2001 por un euro a un grupo de profesionales que esperaban reflotar el negocio ante una posible mejora en los precios del cobre.
Extinción de contratos
Tras diversos problemas de índole sindical, en enero de 2003 la empresa solicitó un expediente de extinción de contratos que fue rechazado por la Junta de Andalucía, que sí aceptó el presentado por la representación laboral de la empresa.
La diferencia entre ambos era la vida laboral de los empleados y trabajadores. Para facilitar una extinción no traumática de los contratos laborales de una mayoría de los trabajadores se recurrió a un expediente de jubilaciones anticipadas con edades compensadas —aplicando los coeficientes reductores previstos en el estatuto del minero— en los 50 años y edades naturales entorno a los 42.
Sin embargo, con la aplicación del estatuto del minero no se alcanzaban los objetivos deseados, ya que la mayoría de los trabajadores de la empresa nunca había trabajado en la minería subterránea —cerrada desde 1987—. Hasta esa fecha en esta labor, la más beneficiosa a la hora de calcular la prejubilación, sólo trabajaba el 20 por ciento de la plantilla, y gran parte de ella ya se había beneficiado de anteriores expedientes de prejubilación, como el aprobado en 1988.
De esta forma, en 2003 la mayoría del personal nunca había trabajado en minería subterránea y no alcanzaba a tener más de tres años adicionales de edad compensada al aplicar el estatuto del minero. Es decir, un trabajador con 42 años físicos no superaba los 45 compensados, haciendo imposible un plan de prejubilaciones multitudinario, como proponían los sindicatos y había aceptado la Junta de Andalucía.
¿Cómo se solucionó el problema? Según datos de la empresa a los que ha tenido acceso ABC, se optó por tres vías para cuadrar las cuentas: la primera, se consideró abierta la mina subterránea hasta septiembre de 2001 —fecha en la que entraron los nuevos accionistas—, cuando en realidad se había cerrado en 1987. Según consta en informes de la empresa y de la autoridad minera, desde esa fecha sólo entraba en la mina un equipo de mantenimiento compuesto por 21 personas.
La segunda vía fue certificar que todo el personal —trabajadores de mina a cielo abierto, de planta de tratamiento y personal administrativo— había trabajado en la mina el tiempo necesario para alcanzar el coeficiente deseado. Y, por último, se certificó que numeroso personal había trabajado en los puestos más insalubres, aquellos que aportan mayor coeficiente reductor para el cálculo de la prejubilación. Esta última medida originó escenarios laborales absurdos, como que aparecieran 80 personas trabajando de jumbistas cuando sólo había tres jumbos (máquina para la perforación de barrenos).
Según fuentes cercanas al proceso, con estas medidas se logró que «personas de 42 años, sin haber pisado la mina subterránea en su vida, alcanzaran reducciones de diez años gracias a la aplicación de coeficientes reductores falsos del 50 por ciento a la totalidad de su vida laboral». Según testimonios recogidos por ABC, «había personal de oficina que, según la vida laboral presentada, debería tener las manos encallecidas y los pulmones al borde de la silicosis».
La presunta manipulación de los coeficientes consiguió que los mayores de 55 años se jubilaran por edades compensadas superiores a los 65 años y los mayores de 42 se prejubilaran con el 90% del salario neto, al haber alcanzado todos ellos una edad compensada por encima de los 52 años. La empresa se negó a firmar el expediente, a pesar de los cual prosiguió su tramitación y se ejecutó.
¿Cuánto costó esta operación a las arcas públicas? Según valoraciones de fuentes del sector, el expediente de extinción de contratos de Minas de Riotinto supuso más de 120 millones de euros a las administraciones. La gran paradoja es que probablemente hubiera bastado con un crédito puente de unos seis millones de euros para garantizar la supervivencia de la empresa, ya que en septiembre de 2003 los precios del cobre empezaron a remontar y pronto se situaron por encima del coste operativo.
ABC de Sevilla (16-02-2011)
