Los proyectos de las escombreras, depósitos de residuos, balsas y diques de estériles deberán estar aprobados en 6 meses. La compañía tiene un mes para entregar a la Junta un aval de seis millones.
La transmisión de los derechos mineros a Emed Tartessus para explotar la mina de Riotinto -cuya resolución fue firmada por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el pasado 11 de abril en Riotinto- está sujeta a ocho condiciones especiales que la filial de la multinacional chipriota Emed Mining deberá satisfacer.
En aras de evitar cualquier especulación tras el reciente fiasco de Lomero-Poyatos (la Administración revocó el 2 de enero los derechos concedidos a Petaquilla Minerals tras un año de inactividad) y con el fantasma aún latente del desastre ecológico de Aznalcóllar, la Dirección General de Industria, Energía y Minas advierte que el incumplimiento de cualquiera de estas ocho condiciones será motivo suficiente para la revocación de la transferencia. Así consta en la resolución administrativa de la transmisión de los derechos mineros, a la que este periódico ha tenido acceso. La responsable de la dirección general, María José Asensio, trasladó este documento el mismo 11 del abril a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y dicha delegación la comunicó a las partes el pasado 5 de mayo.
Contundente a la hora de exigir seguridad para prevenir y minimizar impactos ambientales, como los relativos a la gestión del agua y los vertidos al Tinto y Odiel, asuntos a los que se refirió Díaz en su visita a Riotinto, la Junta otorga un plazo de seis meses para el inicio de las labores mineras, periodo en el que deberán estar "aprobados" los proyectos de aprovechamiento de recursos (con el contenido completo del trabajo a realizar), los proyectos de escombreras, de depósitos de residuos, balsas y diques de estériles.
También tendrán que estar listos y aprobados la instrucción técnica complementaria del plan de restauración y un estudio de las consecuencias de una hipotética rotura de las presas. Los proyectos tendrán que ser informados nuevamente por el Instituto Geológico y Minero de España y por el Cedex en todo lo relacionado con las balsas estériles.
La entrega de una garantía de seis millones de euros "en el plazo máximo de un mes a contar desde la notificación de la resolución de transmisión de los derechos mineros" es otro de los requisitos. Esta cantidad es la requerida por la Administración autonómica para hacer frente a las negativas repercusiones sociales y atender a aquellas actuaciones subsidiarias que de forma urgente se viera obligada a realizar "en caso de inesperado abandono de la mina por parte de Emed". Para demostrar que se trata de una compañía solvente, Emed también tendrá que depositar antes de reiniciar la explotación un importe económico no especificado en la resolución y que será fijado por la Delegación de Economía, en concepto de "garantías para acometer los trabajos de restauración del espacio natural afectado por las labores de explotación y de las instalaciones que se monten". El importe será estipulado "a la vista del plan de restauración que debe ser presentado".
La necesidad de que Emed justifique que su capital social cuenta al menos con el 30% de la inversión prevista en el proyecto es otra de las condiciones y, también con el fin de asegurar la viabilidad financiera, la promotora debe aportar "los compromisos de financiación necesarios para cubrir con otros recursos el resto de la inversión propuesta en el proyecto".
La resolución para la transmisión de los derechos mineros llega tras la Autorización Ambiental Unificada (AAU) favorable emitida por Medio Ambiente. Este permiso -firmado el 28 de marzo, un día después de que Díaz anunciara en el Parlamento que Emed obtendría todos los requisitos para la reapertura de esta mina cerrada en 2002- establece hasta 304 condicionantes, endureciendo los requisitos para la apertura de la explotación.
Unos 190 de los condicionantes fueron pactados entre las partes, y existe cierto margen de maniobra para tres o cuatro cuya aplicación estudian la Junta y la compañía promotora. Estos requisitos negociados son los relativos a las aguas de escorrentía y al aislamiento antes de que se inicie la actividad de la Escombrera Ilmenita-piritas, con el objeto de impedir el vertido de lixiviados procedentes de la misma en la cuenca del río Odiel. Dichos residuos industriales fueron depositados en los años 80 y se cuantifican en aproximadamente unas 700.000 toneladas.
Según se especifica en la AAU, si se confirma la presencia de los restos, Medio Ambiente exigirá al promotor un plan de gestión que incluya un calendario para su retirada. Dicho plan contendrá, como mínimo, la caracterización y clasificación de los residuos, la localización y cuantificación de los mismos, así como un calendario de retirada.
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