PSOE y PP, que sellaron el Acuerdo Marco en 2002, temen que salten intrusos tras las revelaciones en la Comisión Parlamentaria · Las investigaciones incluyen las vidas laborales y los expedientes de 796 operarios de la Faja Pirítica.
Los dos grandes partidos políticos tienen miedo escénico a que en el Expediente de Regulación de Empleo de la Faja Pirítica de Huelva, pactado por el PSOE y el PP en 2002, aparezcan intrusos. Ambos han aprovechado la comisión de investigación para arrojar largas sombras de duda sobre el ERE que prejubiló a 1.200 mineros en total y facilitó el cierre de todas las minas de Huelva y Sevilla y que costó 180 millones de euros. En la Cuenca Minera de Riotinto ha prendido una mecha de inquietud entre los prejubilados y pensionistas, casi 800 de los cuales han sido incluidos por la juez Mercedes Alaya en sus pesquisas sobre el 'caso ERE'. Muchos temen que la batalla política acabe tocándoles las pensiones o retrasando el cobro de las pólizas, como ya ha sucedido, de momento, por la falta de liquidez de la Junta de Andalucía.
A tenor de lo dicho por los ex ministros Eduardo Zaplana y Javier Arenas en la Comisión Parlamentaria la clave parece estar en la póliza 1.096. Y ese listado fue también manejado por el ejecutivo andaluz. Zaplana reconoció que él fue responsable político de la lista que salió del Ministerio pero no de la póliza de los ERE. "Eso es competencia de la Junta", dijo, al tiempo que recordó que hubo discrepancias entre el listado de beneficiarios redactado por los comités de empresa (CC OO y UGT) y la Seguridad Social aunque fueron solventadas por Trabajo. Esas diferencias están relacionadas con excesos en las vidas laborales y coeficientes de algunos mineros que se incluyeron en el expediente.
Los dos ministros volvieron a apuntar a Griñán como facilitador último del procedimiento seguido y se remontaron a una orden del Ministerio de Trabajo de 1995 publicada en el BOE del 19 de abril de ese año y que estaba firmada por el hoy presidente de la Junta y en aquellos años ministro de Trabajo con González. Eso sí, dejaron claro que había un procedimiento reglado desde los tiempos de Felipe González hasta los actuales de Mariano Rajoy.
La estrategia seguida por el PP se basa en que su decisión fue fiscalizada porque las ayudas son concedidas por el Gobierno central. A diferencia de las de la Junta, cuentan con revisión previa y se envían al Tribunal de Cuentas. Y eso se hizo, dicen, en el caso de la Faja Pirítica de Huelva.
Zaplana también negó que haya intrusos hasta ahí pero apuntaron a la póliza 1.096 que concedió la Consejería de Empleo, a través del Instituto de Fomento de Andalucía. Fue suscrita por Vitalia.
Los ministros populares sugirieron en la comisión que en esa póliza hay mineros que habían salido de empresas inexistentes o albañiles de una firma de Valverde (Construcciones Mary) afectados por ERE. Hasta han puesto número a los intrusos que aparecerían en la lista: hasta 60. El auto de la juez Alaya cita 796 nombres, a los que hay que comprobar y revisar sus vidas laborales.
A pesar de las sospechas y sugerencias vertidas en la comisión el Gobierno de Rajoy y su ministra, la onubense Fátima Báñez, siguen sin enviar a la mesa de la Cámara el informe completo sobre las ayudas concedidas en la Faja Pirítica de Huelva.
El portavoz socialista, Mario Jiménez, aprovecha esta falta de información gubernativa para empujar al PP al centro del ERE pirítico. Jiménez apunta directamente a Juan Ignacio Zoido como uno de los principales responsables de las presuntas irregularidades del ERE de Minas de Riotinto porque "validó" el acuerdo marco. Mario Jiménez tiró de hemeroteca para vincular al presidente del PP andaluz con todo lo ocurrido.
Ahora todos parecen abominar del ERE que cerró las minas de Aznalcóllar, Almagrera-Sotiel y Minas de Tharsis-Filón Sur. Aquella debacle minera cogió en el Gobierno central al PP de Arenas, Zoido y Zaplana y su delegado en Huelva, Carmelo Sanmartín. Hasta el aún alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, se implicó en las negociaciones y búsqueda de soluciones cuando los mineros acamparon en la Avenida de Andalucía. En el PSOE no se quedaron atrás y el ERE ocupó la agenda de esos meses de Manuel Chaves, Manuel Alfonso Jiménez y Javier Barrero.
El sindicato mayoritario en la Cuenca Minera de Huelva, CCOO, siempre ha sostenido que "todos los beneficiarios de aquellos acuerdos fueron mineros y en las listas se respetó la normativa vigente".
El documento base fue firmado en septiembre de 2002. Los sindicatos UGT, CCOO Gobierno central (PP) y Junta (PSOE) dieron luz verde a un texto que contemplaba ayudas para 1.200 mineros. El pacto suscrito llevaba la rúbrica del delegado del Gobierno, Carmelo Sanmartín; el delegado de Empleo en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez; el secretario general de UGT, José Martín; el de la Federación de Industrias Afines, Luciano Gómez; el secretario general de CCOO, José Delgado; y el responsable de Minería, Ricardo Gallego. A su lado, como observadores, el alcalde de Huelva y parlamentario popular, Pedro Rodríguez; la diputada nacional Fátima Báñez, hoy ministra; el alcalde de El Campillo, Fernando Pineda, y el director provincial del Instituto Nacional de Empleo, Fernando Melgar.
El acuerdo fue cofinanciado por Gobierno y Junta. La lista de los trabajadores que podían acogerse al ERE la realizó la empresa Minas de Río Tinto SAL, que la entregó posteriormente a los sindicatos . La certificación del expediente pasó luego al Ministerio de Trabajo para comprobar las cotizaciones de los mineros.
En el acuerdo, los firmantes presumieron de que "aunque el marco plantea soluciones globales, se estudia caso por caso, con nombres y apellidos, cuál es la circunstancia personal de cada minero, el tiempo cotizado y los coeficientes aplicados". Las prejubilaciones de los mineros se marcaron a los 55 años compensados a finales de 2003. Un trabajador con 50 años con 20 cotizados y coeficiente de 0,5 compensó 10 años.
Al margen de la información, acusaciones, excusas y explicaciones generadas por la comisión de investigación, el personaje que ha generado más dudas sobre el ERE de la Faja Pirítica es Carlos Estévez, director general de la empresa minera por aquellos años y ahora consejero delegado, aunque en minoría por no convocar asamblea, de Minas de Río Tinto.
Estévez, poco antes de que se iniciara la comisión de investigación parlamentaria y en medio de las declaraciones judiciales ante la juez Alaya que investiga el caso, denunció públicamente que (supuestamente) le habían robado un ordenador con el objetivo de enterarse de los pasos que daba su participada .
En declaraciones a El Confidencial dijo que "lo más importante que se habrán llevado es el expediente enterito de los ERE falsos de Riotinto, que me negué a firmar porque aquello era una chapuza. Ya no es que hubiera intrusos, que los había aunque fuesen pocos. Lo más grave es que pretendían dar coeficientes reductores por trabajos en la minería a personas que jamás habían trabajado en un pozo. Estos coeficientes reductores se daban por las condiciones insalubres de los mineros, pero pretendían aplicarlos a personal de oficina o de administración. Por negarme a firmar los expedientes tuve muchos problemas personales y políticos". Incomprensiblemente, Carlos Estévez no ha sido llamado a declarar después de estas aseveraciones y tras pasear públicamente su sapiencia por toda la comarca minera.
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