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El fuerte conflicto existente entre el
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Minas de Riotinto y el cuerpo de
la Policía Local no sólo ha provocado que los cinco agentes que componen
la plantilla, todos excepto el oficial jefe, se dieran de baja laboral,
sino que, además, está impidiendo que el Consistorio riotinteño pueda
recurrir a efectivos policiales de otros municipios. La Policía Local de otras
localidades de la provincia se han negado a prestar sus servicios en
Riotinto en solidaridad y apoyo a los cinco miembros del cuerpo
municipal de la localidad andevaleña, por lo que al Ayuntamiento
riotinteño le está resultando imposible garantizar la presencia policial
en las calles.
Desde el pasado 2 de octubre, cuando la localidad
se quedó sin efectivos de la Policía disponibles, el Consistorio sólo ha
podido recurrir en una ocasión a dos agentes de otro municipio,
concretamente pertenecientes al Ayuntamiento de Lepe. Eso ocurrió en la
jornada del 7 de octubre, día de la Procesión de la Patrona, la Virgen
del Rosario. Desde entonces, el equipo de gobierno del Partido Popular
ha intentado tirar de policías de otros municipios en más ocasiones,
como el miércoles y viernes de la semana pasada, 21 y 23 de octubre,
pero la empresa resultó imposible.
La negativa de los agentes a
prestar servicio en Riotinto se produce después de que el sindicato CSIF
haya mostrado su apoyo a los cinco policías de la localidad minera
onubense en el conflicto que mantienen con el equipo de gobierno
municipal del PP. Desde la central sindical, según ha podido saber este
periódico, han solicitado a los agentes de toda la provincia que no
atiendan las solicitudes de refuerzo que provienen del Ayuntamiento de
Riotinto, al tiempo que han hecho saber que muchos compañeros ya se han
negado a realizar servicios en la citada localidad.
El fuerte
conflicto desatado entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Minas
de Riotinto y el cuerpo de la Policía Local tuvo su momento culmen tras
el pasado 26 de septiembre, en plena festividad de La Esquila, cuando
la alcaldesa del municipio, Rosa Caballero, desautorizó y criticó, a
través de un Bando municipal, la actuación policial llevada a cabo por
sus propios agentes. En concreto, la Policía Local del municipio
interpuso en una sola noche hasta 26 denuncias, todas ellas por el
estacionamiento de vehículos encima de la acera de la calle Santa
Bárbara, una vía en la que los conductores han aparcado así desde
siempre para permitir la circulación en la vía.
La regidora del PP
consideró que aquella actuación policial obedecía a una medida de
protesta de los agentes contra una serie de decisiones del Ayuntamiento
que no eran de su agrado, si bien posteriormente trascendió la
existencia de una Orden de Servicio, firmada por la Alcaldía sólo tres
días antes, en la que se ordenaba a los efectivos policiales a denunciar
todas las infracciones que se produjeran y se les advertía de que
podrían ser expedientados por falta grave si no cumplían con esa
obligación.
La citada Orden de Servicio puso en entredicho la
versión de la alcaldesa, quien una semana después de aquello se encontró
con que los únicos dos agentes de que disponía se daban de baja
laboral. Otros dos ya estaban en esa misma situación y otro, que estaba
de vacaciones, siguió después los pasos de sus compañeros nada más
incorporarse de su permiso vacacional.
